La posición de la Generalitat de Catalunya, reiterada en diversas ocasiones por el propio presidente Carles Puigdemont, es la de no devolver los objetos artísticos reclamados por le gobierno aragonés al municipio de Sigena o al Obispado de Barbastro-Monzón.

Los bienes eclesiáticos depositados En Cataluña, distribuidos entre el MNAC y el Museo de Lleida, son la clave de un conflicto que viene ya de lejos entre Aragón y Cataluña y han desencadenado un conflicto político de difícil resolución.

Los bienes en litigio, de los cuales se intenta demostrar la titularidad, han abierto un nuevo capítulo desde que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca obligara a devolver los objetos procedentes del Monasterio de Sigena y que son custodiados por el MNAC, después de declarar que las tres operaciones de venta efectuadas sobre los bienes patrimoniales de este monasterio a la Generalitat han sido nulas.

En este sentido, el Gobierno de Aragón, en boca de su consejera de cultura, se ha manifestado públicamente indicando que la Generalitat y el MNAC no tienen motivos para oponerse al auto de retorno de las piezas y, que si no es cumplido de manera inmediata, se arriesgan a una multa diaria de 3000 euros y a la intervención final de la Brigada de Patrimonio de la Policía para que se incaute de dichos bienes.

La situación se puede agravar más aún. En el momento en el que salga la sentencia del juzgado nº 2 de Huesca, relativa a la titularidad de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio, que se prevé contraria también a los intereses de Cataluña, circunstancia que añadiría más leña al fuego.

El conflicto está servido.